Durante el inicio de la gestión del Director General, Luis Rodolfo Escobar Ovalle, se ordenó la ejecución de un plan estratégico para agilizar el trámite de libertades anticipadas con medida de deshacinamiento de los centros penitenciarios.
El Licenciado Escobar afirmó que “con la legalidad vigente se tuvo que trabajar y abordar la mora de expedientes acumulada durante varios años, no obstante, se asumió el reto y se trabajó de forma permanente para velar por los derechos de la población privada de libertad”.
La Subdirección de Rehabilitación Social tuvo a cargo la ejecución del plan estratégico para agilizar el trámite de libertades anticipadas y logró entregar durante el año un total de 3,644 informes a abogados particulares y al Instituto de la Defensa Pública Penal.
Del total de informes estregados, la Dirección General del Sistema Penitenciario recibió de los juzgados de Ejecución Penal, un total de 1,344 órdenes de libertad por beneficio de libertad anticipada de redención de pena como resultado del plan estratégico, con lo que se procuraron los derechos de las personas privadas de libertad en cuanto a beneficio enmarcado por Ley.
El Licenciado Escobar también indicó que la Subdirección de Rehabilitación Social se encuentra en un proceso de mejora continua para optimizar procesos en función de darle un trato digno a las personas que quieren rehabilitarse para evitar que cuando recuperen su libertad, no cometan los mismos errores que los llevaron a una cárcel.
Alejandro Chang, Subdirector de Rehabilitación Social, manifestó que “los resultados demuestran que a pesar de la pandemia y que, por prevención los juzgados se encontraban de turno, se logró superar significativamente la cantidad de órdenes de libertad emitidas por dichos juzgados que años anteriores”.
Cabe mencionar que son estadísticas al 30 de noviembre de 2020, por lo que se espera un último incremento durante el mes de diciembre.
La Subdirección de Rehabilitación Social reconoce el apoyo de los diferentes juzgados para conocer estos casos y agradece el apoyo de cooperación de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, quienes confiaron en la gestión y tuvieron a bien donar 25 equipos de cómputo para poner en marcha el proyecto.
